¿Qué pasa con el feminicidio? investigación periodística revela una radiografía de este desgarrador crimen

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  • El feminicidio, entendido como la muerte de una mujer por su condición de género, es uno de los crímenes más desgarradores que ha acosado a las mujeres durante décadas. Solo entre 2015 y 2023, se han reportado 1.732 casos.
  • La investigación ‘El feminicidio antes del feminicidio’, realizada por la Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano, ofrece una radiografía del fenómeno, presenta las edades más vulnerables, señala los vacíos legislativos actuales y desentraña las razones detrás del incumplimiento de los procesos de prevención.
  • La aprobación de la Ley 1761 de 2015 (conocida como Rosa Elvira Cely) marcó un hito al introducir el feminicidio como delito autónomo en el Código Penal colombiano, ampliando la responsabilidad del Estado frente a los asesinatos por razones de género.

El feminicidio, entendido como la muerte de una mujer por su condición de género, es uno de los crímenes más desgarradores de las últimas décadas. Entre 2015 y 2023 se reportaron 1.732 casos.

La investigación ‘El feminicidio antes del feminicidio’, realizada por la Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano, ofrece una radiografía con las edades más vulnerables, señalando los vacíos legislativos y desentrañando las razones detrás del incumplimiento de los procesos de prevención.

Dividida en dos partes, la investigación explica los eventos previos a la implementación de la Ley 1761 del 2015, también conocida como Rosa Alvira Cely, marcando un antes y un después en la lucha contra el feminicidio en el país. La segunda parte aborda el periodo de 2015 a 2023, tras la promulgación de la ley que define los feminicidios como la muerte de una mujer por su condición de género, marcando un hito en la lucha contra este flagelo.

La investigación encontró una ausencia de datos oficiales antes de la Ley Rosa Elvira Cely. Según la Fiscalía General de la Nación, entre 2000 y 2015, se registraron 15,457 homicidios dolosos contra mujeres, pero solo cinco de estos casos involucraban a un victimario con relación cercana a la víctima.

Además, datos de los informes anuales de Medicina Legal conocidos revelan que en 1999 fueron asesinadas 76 mujeres por sus parejas o exparejas, seguido por 63 en el año 2000 y 66 en 2001. Es decir, en los dos primeros años del siglo XX ya se contabilizaban 129 mujeres víctimas de lo que hoy denominamos feminicidio. Sin embargo, después de 2001, los informes Forensis no proporcionan más cifras.

La investigación destaca la dificultad de obtener información confiable por parte del Estado, ya que la Fiscalía proporciona estadísticas de homicidios sin una caracterización específica que permita discernir cuántos corresponden a feminicidios. “Esta carencia de datos se atribuye a la histórica indiferencia del Estado hacia la vida de las mujeres, arraigada en la cultura machista del país. Esta actitud se refleja en documentos de Medicina Legal de finales de los años 90 que justifican la violencia contra las mujeres, culpabilizándolas y señalándolas como responsables”, afirmó Juliana Castellanos directora de la UIP.

De lo que sí hay datos año a año es del impacto de la violencia intrafamiliar en las mujeres. Según informes forenses, Medicina Legal atendió, entre 2000 y 2021, 1.154.461 casos de mujeres víctimas de tres formas de agresiones: violencia entre familiares, violencia contra menores de edad y violencia de parejas (es importante señalar que este dato no es concluyente, ya que refleja únicamente la información de las mujeres que buscaron atención en Medicina Legal).

El primer cambio: La ley Rosa Elvira Cely

El cambio comenzó a gestarse con la demanda insistente de círculos feministas y académicos para investigar y sancionar las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación.

La aprobación de la Ley 1761 de 2015 marcó un hito al introducir el feminicidio como delito autónomo en el Código Penal Colombiano, ampliando la responsabilidad del Estado frente a los asesinatos por razones de género.

“Tener un delito autónomo denominado feminicidio significa contar con medidas privativas de libertad superiores a las que se darían por cometer un homicidio. El concepto de feminicidio ya no es exclusivo en la academia ni en la sociedad civil, ni en los movimientos feministas, porque el logro de esta ley es permear esta palabra en conversaciones cotidianas, en narrativas mediáticas y en el léxico de aquellos trabajadores públicos que deben atender a mujeres, víctimas o familias víctimas”, explican las investigadoras.

A pesar de la promulgación de esta ley, los datos de la Fiscalía revelan que, entre junio de 2015 y octubre de 2023, 1,732 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Colombia. De este total, 917 tenían entre 27 y 59 años, y 452 tenían entre 18 y 26 años. Llama la atención que no se disponga de información sobre 170 mujeres víctimas entre 2015 y 2018.

En cuanto al estado de los procesos judiciales por feminicidio, para el mismo periodo de tiempo, la situación es desafiante: de los 1,732 casos, 882 se encuentran inactivos y 850 continúan activos.

“Es crucial destacar que, aunque la ley no ha frenado el delito, sí ha permitido visibilizarlo con denuncias, especialmente de mujeres en riesgo o las familias de las víctimas. Además, ha impulsado a la institución judicial a llevar registros más precisos, aunque aún no exactos, sobre los feminicidios”, afirman las investigadoras.

¿En qué falta avanzar?

Expertas entrevistadas para llevar a cabo la investigación subrayan áreas cruciales en las que es imperativo avanzar. Primero destacan que la efectividad de la legislación depende de la implementación adecuada, la sensibilización de la sociedad, el acceso a la justicia para las víctimas y la colaboración entre diversas instituciones y organizaciones.

También es vital la transformación del sistema de justicia, ya que es necesario capacitar a los empleados en un enfoque de género para evitar la revictimización de las mujeres que buscan ayuda. Y cumplir la ley es esencial, especialmente en la ausencia de la cátedra de género exigida, revelando una falla del Ministerio de Educación y las instituciones educativas encargadas de impartir esta formación.

La transformación profunda en la mentalidad y la cultura que perpetúan la violencia de género es esencial. La educación, concientización y promoción, aunque mencionadas en la ley, necesitan ser implementadas.

Otros aspectos clave incluyen reducir la impunidad, proporcionar recursos adecuados para apoyar a las familias de las víctimas, abordar barreras de revictimización y mejorar el proceso de activación de rutas de atención o medidas de protección para prevenir futuros feminicidios.

Es necesario implementar la institucionalidad no solo en áreas urbanas centrales sino también en regiones, municipios, ciudades intermedias y zonas rurales.

Todos los detalles de la investigación podrán ser consultados aquí: https://feminicidios.poligran.edu.co/index.html

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