En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación, destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos por 9 años al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón y a otros tres funcionarios de la Administración Municipal.
Las sanción también se extendió para Armando Cabrera Rivera, jefe de la oficina de Gestión del Riesgo; Camila Mercedes Ortega Suárez, exsecretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión, y Giovanny Córdoba Rodríguez, exsecretario de Educación.
El Consejo de Estado determinará si se aplica la sanción contra el alcalde Muñoz Calderón.
El alcalde de Neiva y demás funcionarios y contratistas implicados en la investigación, habrían favorecido con contratos a una serie de empresas y organizaciones del municipio de Tumaco, Nariño, por un valor superior a los 8 mil millones de pesos, entre ellos al concejal de Tumaco Hayden Ottoniel Vergara, quién fue aportante durante la campaña de alcalde.
La destitución e inhabilidad queda en firme contra el secretario y los exsecretarios, pero en el caso de Gorky Muñoz será finalmente el Consejo de Estado quien determine si se aplica o no.
Cabe recordar que, la Sala Plena del Consejo de Estado, echó abajo uno de los pilares en la Procuraduría. Tumbó las facultades judiciales que se le había otorgado con la Ley 2094 de 2021. Así las cosas, aunque el Ministerio Público podrá sancionar e investigar disciplinariamente a servidores públicos, las decisión final será del Consejo de Estado.
Con ponencia de los magistrados Juan Carlos Reyes y José Fernando Reyes, el alto tribunal explicó que la Procuraduría no puede tener las funciones de un juez.
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