Por fin Karen Abudinen oficializó su salida «irrevocable» del cargo de ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones después de que, desde las primeras horas del pasado jueves, se conociera que el presidente Iván Duque le pidiera la renuncia. No se podía nadar contra la corriente. Era un imposible sostener a esta funcionaria bastante cuestionada por toda la opinión pública, por el escándalo que se generó desde hace tres semanas, cuando se ventiló a través de los medios de comunicación la autorización de un anticipo de $70.243 millones, que fueron entregados a la firma Unión Temporal Centros Poblados, para llevar internet a las zonas rurales en los territorios nacionales.
Inmediatamente se levantó una polvareda contra el gobierno nacional, desde diversos sectores de opinión que pedía a gritos la renuncia de esta funcionaria, por haber permitido, que dichos recursos, se encuentren desaparecidos. Mientras los colombianos observaban con alborozo el triunfo de la selección colombiana sobre el onceno de Chile, la ministra presentaba su renuncia escrita al presidente de la República.
El contenido de su misiva expresa: «Hoy me retiro adolorida por las circunstancias que el país conoce, pero con la tranquilidad del deber cumplido. Procedí con honradez y transparencia. Los que hoy se satisfacen lanzando humillaciones en mi contra, algún día, cuando se imponga la verdad en todo su esplendor, reconocerán su error». Estas expresiones nadie se las cree. Los hechos sucedidos en el mencionado acto contractual demuestran lo contrario. En todas las redes sociales y medios de comunicación, empezaron a generar comentarios y nemes burlescos contra esta exfuncionaria.
Así como están las cosas, queda en vilo la ejecución de este proyecto que buscaba conectar a internet por 11 años a 7.277 colegios en zonas rurales del país en 15 departamentos. Nuestro departamento no aparece en el objeto del contrato, como ha ocurrido durante el último cuatrienio, donde el centralismo rampante que ha caracterizado a este gobierno, hemos sido aislados en la asignación de recursos para mejorar el bienestar de los huilenses.
Lo que, si rebozó la copa, luego de una actuación especial de fiscalización que realizó la Contraloría General de la República a un contrato por 25.000 millones de pesos entre el Fondo Único de las Tecnologías y las Comunicaciones (Futic), adscrito al Ministerio de las TIC, y el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), el órgano de control advirtió dos hallazgos administrativos que pondrían en riesgo el desarrollo del contrato. Aquí se detectaron presuntas irregularidades, por la tercerización que se efectuó con dicho contrato. Esto es inaudito y detestable desde todo punto de vista.
Se espera que las investigaciones del organismo de control, no se conviertan en una justicia espectáculo, como nos tienen acostumbrados en otrora, con casos similares de corrupción y que actualmente duermen en los anales de los estrados judiciales. Aunque son indagaciones que se han aperturado, no pueden ser inferiores a las expectativas que se ha generado en el ambiente de la opinión pública que espera que los culpables sean sancionados ejemplarmente. Se han vuelto muy talentosos e ingeniosos, para evadir las normas contractuales, sin que se conozcan públicamente los entuertos jurídicos con el fin de cumplir sus sueños de birlar los recursos del erario.
La corrupción es un fenómeno lamentable con consecuencias graves para el bienestar de los colombianos. Es tan grave la presencia de ésta, en todos los niveles del Estado, que este antivalor hace parte del perfil del colombiano en los distintos escenarios nacionales e internacionales. Ha llegado a ser tan masiva, que ha provocado una reacción pública notable en nuestro país.
