Lucha frontal contra la delincuencia

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La sociedad colombiana se encuentra hastiada de la creciente inseguridad que se está presentando en los municipios del país. Diariamente las familias están corriendo altos riesgos de inseguridad al circular por las calles, y en sus propias viviendas y negocios, son objeto de robos continuados, sin que exista una política criminal severa que contrarreste este flagelo social y económico, porque desbordan la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Recientemente en medio de la dura escalada de la delincuencia, el gobierno nacional tomó la decisión de presentar durante la presente semana, a consideración del Congreso de la República con mensaje de urgencia, una iniciativa para combatir frontalmente este flagelo que corroe la tranquilidad y la paz de las familias colombianas. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, a corte de julio los delitos de alto impacto, como el homicidio y el hurto a personas, habían crecido más del 20 por ciento con respecto al dato del mismo periodo de 2020.

A buena hora, llega esta noticia que genera expectativas positivas, para frenar los altos niveles de impunidad que existe en la justicia colombiana. Se trata de una iniciativa largamente reclamada por muchos sectores de la sociedad, que han visto cómo en los últimos meses la delincuencia ataca sin reato a cualquier hora del día y sin miramientos, incluso, por la vida de sus víctimas.

La inseguridad ciudadana se ha convertido en un verdadero flagelo de las familias colombianas. Cuando circulamos por las vías sentimos temor de ser atracados por bandas delincuenciales que transitan libremente por las ciudades. La población se encuentra desesperada, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para contrarrestar este fenómeno desestabilizador. Esto ocurre en todas las localidades. Añoramos esos tiempos cuando transitábamos en completa tranquilidad.

La inseguridad en las ciudades ha dejado de ser percepción. O al menos ya no es un argumento que se pueda esgrimir fácilmente para explicar lo que viene sucediendo. En el último año, crecieron todos los delitos como el homicidio común, el hurto de vehículos, motocicletas, bicicletas y el de personas se disparó un 25 por ciento. Solo se advierten mejorías en el abuso sexual, que cayó uno por ciento y el robo al comercio, que descendió 13 por ciento. Aunque estadísticamente esta tendencia está relacionada con la recuperación de la vida cotidiana en las capitales, luego de un periodo de encierros, lo cierto es que enfrentamos indicadores inquietantes.

En este alarmante contexto, que va de la mano con la reactivación de la vida en las calles luego de las cuarentenas de la pandemia, es donde toman forma, propuestas como penalizar con cárcel el porte de armas blancas y neumáticas, como parte de ese paquete legislativo, y que son de buen recibo. También, revivir las herramientas para sancionar la reincidencia en el crimen, que es una realidad producto de la inoperancia de la justicia y, además, golpea fuertemente la confianza en las instituciones.

Los diferentes medios de comunicación coinciden en que además de normas más realistas, es clave que las capturas no se caigan ante los jueces a tasas, como sucede hoy, de hasta el 80 por ciento de los casos. Capacitar a los policías y operadores judiciales para evitar que por tecnicismos jurídicos los hampones regresen a las calles es vital a fin de recuperar la confianza ciudadana y, desde luego, de evitar delitos. Por eso se requiere una estrategia integral que pasa, sí, por la adecuación de normas penales, pero que va mucho más allá para ofrecerles una protección efectiva a todos los ciudadanos.

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