La Reforma Tributaria que actualmente se debate en el Congreso de la República, ha generado una controversia entre la opinión pública, por los efectos negativos que pueden afectar la recuperación económica que ha venido presentando la economía colombiana, durante el primer semestre. De acuerdo con el Dane, el indicador del 8,8% de crecimiento, representa un alivio para los diferentes agentes económicos que tuvieron un duro revés el año anterior, por el confinamiento que tuvo la sociedad colombiana durante más de cinco meses.
Los congresistas votaron 61 artículos, entre los que se incluyen los que fueron eliminados en la ponencia para primer debate frente al proyecto original, y aprobaron el articulado radicado el pasado este martes por el Ministerio de Hacienda y los coordinadores y ponentes de la iniciativa. Fueron incorporados 25 artículos nuevos que buscan ampliar la nueva renta corporativa del 35% y otras sobretasas entre otros, para buscar recursos para ampliar programas sociales y beneficios económicos para el fomento al empleo y garantizar los recursos para la matricula cero y estímulos a las pequeñas empresas que fueron afectadas por la pandemia del Covid.
Con el fin de crear instrumentos de reactivación económica, pero al mismo tiempo aumentar el recaudo de impuestos, el proyecto de Inversión Social radicado el pasado 20 de julio permite, además, la posibilidad de regular el uso de comercio electrónico para la realización de hasta tres días sin IVA. Así mismo, se pretende fortalecer la sostenibilidad fiscal, para asegurar la financiación permanente del gasto social. Lo anterior, mediante un fortalecimiento de la independencia y capacidad operativa del Comité de Regla Fiscal, la definición de un anclaje de deuda pública que permita converger a niveles prudenciales de esta variable (55% del PIB) y metas de balance fiscal que se ajusten de tal forma que lleven a la deuda a converger al ancla.
Hay que destacar, que el 40% de las proposiciones que han presentado las diferentes bancadas congresionales, abogan por mayores estímulos a los programas de generación de empleo, establecer una tarifa diferencial en el impuesto de renta para las Pymes y algunas reducciones en impuestos. Todo lo anterior, implicaría mayores recursos del Gobierno. Además, otras propuestas buscan que el incentivo a la creación de nuevos empleos llegue a municipios con altas tasas de desempleo juvenil, y que si los jóvenes no residen en el municipio donde trabajan el subsidio ascienda a 30%.
Paralelo a lo anterior, hay que enunciar lo relacionado en materia de subsidios. Se busca tener una financiación permanente para la Matrícula Cero en los estratos 1, 2 y 3 de los estudiantes de las universidades públicas. Se aboga por la creación de una línea de garantías del 100% subsidiadas para beneficiarios del Icetex; otra que pide un esquema de transferencias para apoyar a los beneficiarios del programa con gastos como transporte, alimentación y adquisición de material educativo, y también que las instituciones no exijan el pago de conceptos de derecho de matrícula e inscripción.
Todo lo anterior, genera un ambiente favorable al interior de los integrantes del Congreso de la República, por la forma como han tramitado dicha modificación a la estructura tributaria del país, que busca recaudar 15,2 billones de pesos. Aunque han recibido un rechazo en algunos sectores de opinión, con esta medida antipopular, porque se convierte en el eslabón que afectarían electoralmente a los movimientos políticos que conforman la coalición que respalda al gobierno nacional.