El presidente de Rusia, fue acusado este viernes, por ser responsable de crímenes de guerra en Ucrania y traslado forzoso de niños ucranianos.
Según Estados Unidos y varios gobiernos europeos, la administración de Putin ha llevado a cabo un plan para deportar por la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia, a menudo a una red de decenas de campos, donde los menores son sometidos a reeducación política.
«Los esfuerzos de Lvova-Belova incluyen específicamente la adopción forzosa de niños ucranianos por familias rusas, la llamada ‘educación patriótica’ de niños ucranianos, cambios legislativos para agilizar la concesión de la ciudadanía de la Federación Rusa a niños ucranianos y la expulsión deliberada de niños ucranianos por las fuerzas de Rusia», declaró el Tesoro de Estados Unidos en septiembre.
La CPI también emitió una orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, bajo la misma acusación de Putin.
Ni Rusia ni Estados Unidos ni China reconocen la jurisdicción de la CPI; sin embargo, la Corte tiene importantes límites. Su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma —tratado constituyente de la organización— o a los nacionales de estos. Y hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel o Rusia.
“La Justicia está es marcha: aplaudo la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto para Vladímir Putin y María Lvova-Belova, por el traslado forzoso de niños ucranianos”, dijo el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.
