Colombia es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado, contamos con 311 tipos de ecosistemas continentales y marinos, el 53% del territorio cubierto por diferentes tipos de bosques. Nos ubicamos como uno de los 17 países megadiversos que albergan al menos el 70% de la biodiversidad mundial en solo un 10% del territorio, de acuerdo con los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Nuestro país combina grandes áreas geográficas naturales, llamadas regiones biogeográficas, como son los océanos Atlántico y Pacífico, la Cordillera de los Andes, los valles de los ríos Cauca y Magdalena, la Amazonia, Orinoquia, Serranía de la Macarena y la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, esta diversidad también se ha convertido en objetivo de numerosos delitos ambientales que amenazan ecosistemas y los recursos naturales.
Toda esa gran diversidad está expuesta a la acción antrópica, debido a la sobreexplotación de los recursos renovables y no renovables, la contaminación de fuentes hídricas, la exploración y explotación minera, elemento último que se ha constituido en el motor financiero de la economía nacional, sin lugar a dudas, uno de los más comunes a la hora de la infracción de conductas que atentan contra el medio ambiente.
Como estrategia para lograr el punto de equilibrio en materia de desarrollo y conservación de los recursos naturales en las últimas décadas se han expedido documentos de política encaminados a salvaguardar el patrimonio nacional natural.
Así, los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) constituyen el instrumento por medio del cual los diferentes gobiernos han trazado la hoja de ruta programática para establecer los lineamientos de planificación en diversos sectores, entre ellos el ambiental, que juega un papel importante y transversal en todos los sectores.
Desde esta perspectiva, la sobreexplotación, la explotación indebida o directamente ilegal, así como los daños infringidos a los recursos naturales, constituyen una evidente vulneración de los derechos colectivos sobre el medio ambiente, plasmados en el artículo 8° de nuestra Carta Magna – “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
En Colombia, un delito ambiental se refiere a cualquier acción u omisión que infringe las normas establecidas en la legislación ambiental del país y que cause daño o deterioro al medio ambiente y los recursos naturales. Estas acciones ilegales pueden involucrar la destrucción, contaminación, explotación o aprovechamiento no autorizado de los elementos del medio ambiente, incluyendo el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, los ecosistemas y los recursos naturales en general.
La ONU define los delitos ambientales como “actividades ilegales que dañan el medio ambiente y tienen como objetivo beneficiar a individuos, grupos o empresas a partir de la explotación, el daño, el comercio o el robo de recursos naturales, incluidos los delitos graves y el crimen organizado transnacional”. En otras palabras, el delito ambiental cubre cualquier actividad que cause un daño o riesgo significativo para el medio ambiente y la salud humana.
Algunos ejemplos de delitos ambientales en Colombia incluye: 1). Deforestación: La tala indiscriminada de árboles en áreas protegidas o sin la debida autorización, lo cual afecta la cobertura forestal y la biodiversidad. 2). Minería ilegal: La extracción de minerales, como el oro, sin los permisos y requisitos legales establecidos, generando degradación ambiental y contaminación de cuerpos de agua. 3). Tráfico de fauna y flora silvestre: La captura, transporte, comercialización ilegal de especies de animales y plantas protegidas, afectando la biodiversidad, contribuyendo al mercado negro de vida silvestre. 4). Contaminación ambiental: La descarga de sustancias tóxicas, desechos industriales o aguas residuales sin tratamiento adecuado, generando contaminación del agua, el suelo o el aire. 5). Pesca y caza ilegal: La captura de especies de peces y animales silvestres sin los permisos o en temporadas prohibidas, amenazando la fauna y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y terrestres. 6). Tráfico de productos forestales: El aprovechamiento y comercialización ilegal de productos derivados de la flora, como madera, plantas medicinales o especies vegetales protegidas. 7). Vertimiento de residuos peligrosos: La disposición inadecuada de desechos y sustancias peligrosas que pueden contaminar el suelo y los cuerpos de agua.
Estos son solo algunos delitos ambientales en Colombia, pero existen otros tipos de infracciones que también se consideran como tal. La legislación colombiana contempla sanciones y penas para quienes cometan estos delitos, con el objetivo de proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales del país.
La Policía Nacional reportó que durante el último año más de 2400 personas han sido capturadas por delitos ambientales como minería ilegal y tráfico de especies de flora y fauna en el país. Se han realizado diferentes operativos que han permitido también la destrucción de más de 400 máquinas utilizadas para la minería ilegal, durante los últimos meses, también se han hecho labores de prevención para el tráfico de especies.
Se realizaron 2438 capturas asociadas a delitos ambientales, más de nueve mil labores de prevención con 319000 beneficiados, más de 13000 patrullajes rurales y acompañamientos a entregas de tierras. Además, la Policía reportó que durante el último año se capturaron a más de 1500 miembros de grupos armados ilegales.
Los delitos ambientales se vuelven cada vez más complejos, organizados y transnacionales. Además, no pueden medirse de la misma manera que otros delitos. Los datos cuantitativos sobre la criminalidad ambiental deben recopilarse a través de diferentes niveles de análisis y ubicación. Incluso una vez que se hayan superado los desafíos relacionados con la recopilación de datos cuantitativos, dichos datos por sí solos serán insuficientes.
Los datos cualitativos también son cada vez más importantes. Algunos impactos en la tierra que se sienten como resultado de los delitos ambientales no se pueden contar, sino que deben describirse de una manera que transforme los daños en algo concreto y evidente.
Se requiere que la diversidad de métodos utilizados para medir y registrar los delitos ambientales sea tan diversa como se ha demostrado que son los delitos en sí mismos. Sin esto, los formuladores de políticas y otras partes interesadas relevantes no estarán lo suficientemente influenciados para tomar los pasos difíciles necesarios para abordar el problema.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, durante la XI sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y otros crímenes ambientales (Conaldef), anunció la creación de un grupo contra delitos ambientales en Colombia, específicamente contra la deforestación; este grupo hará análisis estratégico y de información financiera contra delitos ambientales en Colombia.
Esto permitirá fortalecer la investigación, identificación, determinación y judicialización de redes ilegales que destruyen hectáreas de bosques y selvas en nuestro país. Los aliados estratégicos serán la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Fiscalía General de la Nación, y la Junta Nacional de Inteligencia de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa.
La colaboración entre el sector público y privado también es muy necesaria para que las corporaciones, los reguladores, los políticos y el sector financiero puedan trabajar juntos para encontrar soluciones. Dicha colaboración podría tomar varias formas, un mejor intercambio de información, establecer diálogos multisectoriales sobre el tema.
La legislación ambiental debe fortalecerse en una serie de países donde sigue siendo débil, así como aumentar la financiación y los recursos disponibles para la aplicación de la ley. También se necesita un aumento general de la concienciación sobre el fenómeno de la delincuencia ambiental.
Es vital que las partes interesadas aprecien los vínculos entre los delitos ambientales y el cambio climático, ya que cada uno exacerba al otro. Si no se toman medidas, los delincuentes y las corporaciones seguirán explotando la transición verde como una oportunidad comercial y, en el proceso, robarán a nuestro planeta un futuro sostenible.
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Por: María Fernanda Plazas Bravo
Twitter: @mafeplazasbravo
