Es momento de avanzar en la aprobación del proyecto de ley para proteger a los denunciantes de corrupción en Colombia

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  • El 15 de marzo fue radicada ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la ponencia que iniciará los debates del proyecto de ley con el que se busca proteger a los denunciantes de corrupción en Colombia.
  • La protección debería abarcar de manera urgente la salvaguarda de la vida y los derechos fundamentales de quienes denuncian la corrupción, así como crear condiciones adecuadas para la denuncia.
  • El proyecto de ley incorpora recomendaciones elaboradas por organizaciones sociales, así como estándares internacionales en la materia. La protección sería para una amplia diversidad de personas que denuncian corrupción, incluyendo a periodistas.

El pasado 15 de marzo fue radicada la ponencia que dará inicio al debate del proyecto de ley No. 291 de 2023 ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con el objetivo de promover y garantizar la protección de los denunciantes de actos de corrupción.

Transparencia por Colombia y diversas organizaciones aliadas de la sociedad civil, incluido el Movimiento Ciudadano Anticorrupción, han reiterado la necesidad de establecer un marco legal que proteja a los denunciantes de corrupción, asegurando su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Durante varios años, se ha instado constantemente al Congreso de la República y al Gobierno Nacional a avanzar en la discusión y aprobación de esta legislación, obteniendo más de 8.500 firmas de respaldo ciudadano en change.org https://www.change.org/Protecci%C3%B3nADenunciantesYa

El proyecto actual, presentado en el Congreso por el Gobierno Nacional y respaldado por una variedad de sectores políticos, representa una oportunidad crucial para avanzar hacia un marco legal específico que asegure una protección integral a quienes denuncian la corrupción en el país. Desde hace 10 años, ha habido intentos para lograr una legislación sobre protección de denunciantes, pero todos han sido descartados en el Congreso. El proyecto en curso podría romper esa tendencia y finalmente brindar el respaldo necesario a los denunciantes de corrupción.

La importancia de este respaldo radica en que quienes denuncian la corrupción en Colombia—servidores públicos, líderes sociales, periodistas, veedores ciudadanos, mujeres, entre otros— se exponen a riesgos psicológicos y económicos, acoso laboral, persecuciones legales e incluso ataques físicos que amenazan sus derechos fundamentales y los de sus seres queridos, así como los intereses de la comunidad en general.

La protección integral a los denunciantes de corrupción que ha sido acogida en la ponencia que será discutida en los próximos días en la Cámara de Representantes implica, por un lado, un enfoque que reconoce de forma amplia y completa los riesgos que enfrentan las personas que denuncian o alertan sobre actos de corrupción y, por otro, el reconocimiento del valor de la información contenida en sus denuncias para proteger los intereses públicos.

Tanto las denuncias presentadas ante las autoridades, como las alertas públicas, son fundamentales para identificar, investigar y, en última instancia, sancionar los actos de corrupción. Sin embargo, la falta de garantías de protección puede desincentivar la denuncia y dar lugar a que más actos de corrupción queden impunes, mientras que los recursos públicos se desvían de su fin esencial que es el bienestar común.

Los avances y los desafíos

Transparencia por Colombia y diversas organizaciones sociales han realizado recomendaciones al proyecto de ley, basadas en experiencias a nivel nacional y estándares internacionales. La ponencia radicada incluye algunas de esas recomendaciones.

Entre estas se destaca (i) la inclusión de un concepto amplio de “denunciante” que permita extender la protección tanto a alertadores como denunciantes del sector público y privado; (ii) la consideración de medidas integrales de protección que atiendan cada uno de los riesgos; (iii) el reconocimiento de la importancia de las denuncias anónimas y confidenciales, procurando garantizar la protección de la información personal de quien denuncia; (iv) la importancia de implementar un enfoque diferencial que asegure un acceso equitativo a la protección para quienes denunciantes, considerando las particularidades de cada caso y los riesgos específicos, por ejemplo, cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad.

También, resulta de especial relevancia que la ley contemple a los periodistas como sujetos de especial protección, pues reconoce su papel esencial en la divulgación de información sobre actos de corrupción y los riesgos que esto conlleva.

Aún quedan aspectos pendientes que deberán ser abordados en la discusión del proyecto de ley, como la necesidad de establecer tiempos razonables para la provisión de protección, asignar una financiación específica y establecer un régimen sancionatorio más severo contra los actos de retaliación.

Rechazamos rotundamente el asesinato de Jaime Vásquez, veedor ciudadano de Cúcuta, presuntamente perpetrado como represalia por su labor de investigación y denuncia de actos de corrupción, y reiteramos que es hora de tomar acción y tener por fin un marco legal que proteja a aquellos que denuncian la corrupción. Necesitamos medidas efectivas para prevenir tragedias como esta y garantizar la integridad de quienes luchan por un país más justo.

“Sin denuncia, no hay investigación de la corrupción, pero sin protección no hay condición para la denuncia. Nos encontramos en un momento crucial para avanzar en la creación de un marco normativo e institucional que proteja a los denunciantes. Instamos a nuestros líderes políticos y a las autoridades competentes a que avancen con determinación en la discusión y aprobación de esta ley”, afirma Claire Launay, directora programática de Iniciativas con Sociedad CiviI.

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