Errores, errores y más errores

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Creo que en este país todos los actores políticos, y todos nosotros estamos conspirando consiente o inconscientemente para dar al traste con el acuerdo de paz con las FARC.

El cúmulo de errores cometidos por varios actores de la vida política, periodística y judicial serían risibles, si no fuera porque esos errores pueden devolver al país al pasado.  Y para la muestra, no uno, sino tres botones:

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRENTE A LA JEP.  Salta a la vista que casi la totalidad de los periodistas de este país, sin importar el medio, televisión, radio, o prensa escrita, no conocen el funcionamiento de la JEP, ni mucho menos, el procedimiento judicial especial que se adelanta en esa jurisdicción especial.

Y ese desconocimiento está dando aires a los críticos del proceso de paz, que señalan en forma dolosa, y con un evidente doble sentido que la JEP a dos años de su fundación no ha dado frutos y que es mejor acabar con ese “embeleco”, propuesta que hoy el Centro Democrático está desempolvando, aun a costa de que Duque pierda la casi inexistente gobernabilidad que tiene,  con el ánimo de alejar el foco de atención de la Opinión Pública de lo que ya se conoce como el escándalo de la Ñeñe Política.

Ha faltado que periodistas imparciales le señalen al país, que en los Tribunales de Justicia Transicional o Tribunales Internacionales de Derechos Humanos no se caracterizan por emitir condenas rápidamente, pues la gran complejidad de procesos judiciales tienen como efecto que esos Tribunales se demoren a veces décadas en proferir condenas.

Por ejemplo, el Tribunal Internacional de Ruanda concluyó su trabajo 22 años después del Genocidio Ruandés, y profirió sus primeras condenas casi después de 10 años de instalado.

El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoeslavia que cerró actividades en 2017 después de 24 años de juicios, profirió las condenas a los principales perpetradores de los crimines de guerra cometidos en la desintegración de la antigua Yugoeslavia entre 2013 y 2017, es decir casi 20 años después de la instalación del Tribunal. Ejemplo de ello es la condena a Ratko Mladic, ex comandante del Ejército Serbiobosnio, quien fue condenado en 2017 cuando tenía la bobadita de 74 años de edad.

Y la razón es simple. Los juicios por violaciones sistemáticas de derechos humanos son una labor titánica que implica la práctica de pruebas a un nivel anormal para cualquier proceso judicial.  Para dar un ejemplo, una de las estadísticas más impresionantes del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, es que la práctica de pruebas del juicio contra Ratko Mladic se demoró más de cinco años, y tuvo en cuenta la versión de más de dos mil víctimas.

Ni hablar del marco temporal de esos conflictos. El Tribunal para Ruanda solo juzgó los crimines cometidos en territorio ruandés, entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1994. El Tribunal para la ex Yugoeslavia tuvo también un marco temporal muy definido en el tiempo, con competencia para crímenes en guerras civiles e internacionales entre 1991 y 1995.

La JEP conocerá casos de violencia política en Colombia y violaciones de derechos humanos en por lo menos 50 años.  En consecuencia, pedir condenas y decisiones de fondo en dos años de funcionamiento de la JEP, como  lo han hecho varios periodistas y analistas políticos connotados, no es solo torpe e ignorante; es literalmente estúpido.

Tampoco contribuyen los medios de comunicación al no promover que los ciudadanos del común entiendan el procedimiento del régimen especial de la JEP.

Y es que antes de la calificación de JEP sobre las decenas de crímenes que conocerá, tiene que agotarse todo un procedimiento de versiones individuales, de versiones colectivas de los perpetradores de los crímenes, de versiones de las víctimas, la práctica de las pruebas que decrete el Tribunal, además de una serie de audiencias públicas en las cuales las víctimas tendrán asiento propio.

Por el momento se están recibiendo las versiones libres, acto en el cual el perpetrador tiene el derecho de guardar silencio, o de decir, literalmente, lo que le dé la gana.

Por eso el ex General Montoya tiene derecho a decir que los falsos positivos fueron culpa de soldados que son ignorantes y eran de estratos 1 y 2. Y es previsible que los miembros de las FARC digan que los secuestros eran retenciones.

Por odioso que parezca, esos actores del conflicto tienen el derecho a dar su versión en las condiciones que estime su fuero interno, y eso, nadie se lo recuerda a la opinión pública.

Ellos asumirán las consecuencias de mentir o decir parcialmente la verdad en sus versiones, cuando vengan las calificaciones de los delitos por parte de la jurisdicción especial, algo que todavía no ha ocurrido, y creo, está lejos de verificarse.

DEL GOBIERNO NACIONAL FRENTE AL INFORME DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU.  Colombia es un  país que es beneficiario de asistencia de más de 20 programas de la ONU.  Es uno los países que más asistencia recibe de esa organización, como causa de los graves problemas que padecemos.  Es un índice que demuestra que Colombia es un  estado de derecho en riesgo de desaparecer, por no decir un estado fallido.  Ese, no es un discurso político.  Esa, es nuestra realidad.

Por lo tanto, la reacción del Gobierno ante el informe de derechos humanos de la ONU es desmedida, y desnuda ante el mundo a un gobierno autoritario, alejado de las formas democráticas y lo más grave, que parece no querer entrar en un debate necesario sobre la protección de derechos humanos en el país con instancias multilaterales.

El gobierno Duque debe entender es que el discurso del Centro Democrático descalificando el informe solo tiene audiencia en Colombia;  esa propuesta de algunos miembros del partido de gobierno de pedir la salida de la Oficina de DDHH de la ONU, es similar al acto del hambriento que patea su olla de comida.  Colombia necesita de los programas de asistencia de la ONU.  No es al revés.

A nivel internacional la cosa es a otro precio, y la torpe reacción del gobierno dará la impresión a gobiernos extranjeros (el mundo no solo es Estados Unidos) y sobre todo a inversionistas extranjeros que Colombia está caminando por un camino de tensión y crisis institucional, y que el gobierno pareciera despreciar la cooperación internacional.

Eso tarde o temprano terminará afectando las relaciones del país con la comunidad internacional y alejará la necesaria inversión extranjera en Colombia, pues debemos entender, ya no está la excusa del conflicto interno para seguir justificando tantos vejámenes que se presentan a diario en este país.

DE LA JEP EN SUS PROVIDENCIAS. Y es que parece que el enfermo tampoco se ayuda.   Aunque a la fecha no es una providencia en firme y ejecutoriada, la amnistía por terrorismo de Marilú Ramírez Baquero, a quien al prensa bautizó como “Mata Hari”, por el acto terrorista del atentado con carro bomba contra las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra, cercano a la Universidad Nueva Granada, es un error que contradice en mi sentir conceptos básicos del derecho internacional humanitario.

En el Derecho Internacional el objetivo militar legítimo es aquel “Objeto que, por su naturaleza, ubicación, propósito o uso, contribuye con eficacia a la acción militar y cuya destrucción, captura o neutralización total o parcial, en las circunstancias imperantes en un momento dado, ofrece una ventaja militar clara”.

Señalar que la Escuela Superior de Guerra lindante a un Ente Universitario Autónomo como lo es la Universidad Militar Nueva Granada, lugares atiborrados de civiles, es un objetivo militar legítimo, no es comprensible, ni lógico, a pesar del esfuerzo hecho por el ponente y la providencia para justificar esa decisión.

En buena hora la Procuraduría General de la Nación apeló en la JEP tan sorprendente decisión.

Amanecerá, y ojala, podamos ver.

Por: Juan Pablo Murcia Delgado – murciajuanpablo@gmail.com
Twitter: @murciajuanpablo

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