Una nueva mesa de seguimiento a la adopción y cumplimiento de la ley 2046 de 2020, que establece la obligatoriedad que tienen las entidades del estado en realizar compras públicas locales, se desarrolló en el auditorio de la Cámara de Comercio del Huila.
El encuentro estuvo liderado por el Gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, quien sostuvo que para avanzar en el cumplimiento del decreto 2048 de 2021 es necesario continuar trabajando en procesos de asociatividad, porque hoy los productores tienen muchas dificultades de llegar a los mercados de manera directa, pues hay mucha intermediación. “Uno quisiera ir a comprarle todo directamente al productor pero no siempre es posible o tan fácil, pero la asociatividad ayuda mucho en ese sentido”, subrayó el mandatario regional.
“También tenemos que mejorar la eficiencia, bajar costos de producción, pues tampoco se trata que como debemos comprar en lo local, terminemos comprado mucho más caro, pues parte del ejercicio público es buscar las mejores condiciones de precio a la hora de las compras del Estado”, agregó.
El mandatario conminó a los representantes de entidades públicas del departamento del Huila, a enviar de manera correcta y oportuna la información solicitada, al dar cuenta que esto no es un capricho, sino un mandato legal, y desde la Secretaría de Agricultura del Huila se tiene la responsabilidad de reportar estos datos a la “Mesa Nacional”, asentada en el Ministerio de Agricultura.
Hablan veedores y representantes
A su turno el Contralor Departamental del Huila, Amaury Luis Flórez Reino, resaltó la importancia de la norma al tiempo que aseguró que hay entusiasmo y algo de temor por parte de los ordenadores del gasto en torno a los procesos contractuales, pero desde esa perspectiva se deben desprender varias mesas de trabajo para socializar los alcances del decreto, despejar las dudas frente al mismo, y que se garantice que el 30% sobre el valor del concepto de la compra se haga a los productores locales.
Así mismo valoró el compromiso que existe desde las entidades territoriales por buscar los mecanismos necesarios para darle cumplimiento a la ley.
Por su parte el representante del Ministerio Público Diego Tello Esquivel, sostuvo que es necesario que todas las entidades que hacen parte de la institucionalidad estén articuladas, y aporte cada una desde sus competencias para poder sacar adelante el desarrollo de esta ley.
La norma sancionada por el gobierno nacional establece que “Las entidades que contraten con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos tendrán la obligación de hacer la compra a pequeños productores agropecuarios y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria y sus organizaciones de economía solidaria, promoviendo así el desarrollo agropecuario en el país”.
Entidades comprometidas
La Directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Luz Elena Gutiérrez Uribe, sostuvo que existe toda la voluntad y disposición por avanzar en el cumplimiento de la norma, al dar cuenta que pese a que existe un clausulado frente a las compras locales, se están adecuando las minutas contractuales, e igualmente adecuando las guías para dar cumplimiento con esta obligación y aportar desarrollo a la región.
De acuerdo a la funcionaria, la entidad entrega más de 48.000 raciones para los programas de primera infancia, sumadas a las raciones de los diferentes servicios de protección. Actualmente por restricciones generadas por la pandemia de Covid-19, estas se están entregando para preparar en casa, pero una vez se inicie la preespecialidad será ración servida, dando cumplimiento al mandato de compras locales.
Para el director regional del SENA, Cándido Herrera González, así como es importante socializar la norma, retroalimentar y superar vacíos, paralelamente se debe trabajar de la mano con los pequeños productores en temas técnicos relacionados con procesos de producción, comercialización, sostenibilidad ambiental, pero igualmente es importante avanzar en fortalecimiento de la asociatividad donde se pueda trabajar en la planeación de la producción, economía de escala, acopio y red de proveeduría. Si se avanza en esa dirección será más fácil cumplir la norma, sostuvo.
A su turno la gerente del Hospital Departamental San Antonio de Padua de Pitalito Diana Victoria Muñoz Muñoz, aseguró que desde esta institución del estado se tiene la mejor voluntad en buscar las estrategias, y ajustar los manuales, y poder dar cumplimiento a esta ley”.
“Nuestro hospital necesita a los proveedores, y que mejor que los proveedores sean de la región, que los productos agrícolas que utilizamos para las dietas alimenticias en la institución sean producidos por laboyanos, por campesinos de la región”, indicó.
Por último, la norma establece que las entidades que contraten con recursos públicos la adquisición y entrega de alimentos estarán en la obligación de adquirir localmente productos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30 % del valor total de los recursos destinados a ese propósito.
