El fallo de la Corte Constitucional

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Una decisión de la Corte Constitucional cambiaría a partir del 2023, la forma en que se vienen asignando los recursos a las universidades públicas en Colombia. Estas instituciones pasarían de contar con recursos provenientes del Ministerio de Educación a tener una sección independiente en la Ley Orgánica de Presupuesto expedida por el Congreso de la República.

La Sentencia C-346 de 2021 declaró inexequible la Sección 2201 del artículo 2 de la Ley 2063 de 2020, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones de la vigencia fiscal 2021. La demanda de inconstitucionalidad sustentada en la vulneración del principio de autonomía universitaria reconocida por el artículo 69 de la Constitución Política, cuestionó la manera en que estas instituciones están sujetas a criterios y pautas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional – MEN.

Actualmente, los recursos para funcionamiento e inversión están sujetos a indicadores de gestión y el desempeño de las instituciones en diferentes componentes y dimensiones relacionadas con sus actividades misionales.

Hasta el año 1997 las universidades públicas fueron incluidas en una sección presupuestal independiente porque se les asimilaba a los establecimientos públicos. Esto fue objeto de corrección por la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 de 1997. Sin embargo, para los integrantes del Sistema Universitario Estatal SUE, aplicar el Estatuto Orgánico de Presupuesto –EOP- en la etapa de programación presupuestal como se hace con los establecimientos públicos y como lo señala la sentencia, es violatorio a la autonomía.

Lo anterior, según indicó la Corte no implica que cada universidad tenga una sección independiente, significa que la Ley del Presupuesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones debe contemplar una sección que englobe las asignaciones presupuestales de la Nación a todas las universidades públicas, y el Gobierno nacional, debe detallar los recursos asignados a cada una de las universidades públicas en un anexo que deberá acompañar la presentación del proyecto de presupuesto al Congreso de la República y que formará parte de la ley de apropiaciones. La misma sentencia señaló que en la ley anual de presupuesto debe existir una partida que corresponda a las universidades públicas y en las que consten tanto sus gastos de funcionamiento como los de inversión.

En virtud de su carácter de entes públicos autónomos, dijo la Sala, el presupuesto global de las universidades oficiales debe incluirse en la ley anual de presupuesto, tal y como ocurre por ejemplo con la Rama Judicial, pues él forma parte del Presupuesto General de la Nación.

“La Autonomía Universitaria se proyecta en tres ámbitos distintos, el académico, el administrativo y el presupuestal. En el ámbito académico, las universidades tienen el derecho a determinar su orientación filosófica e ideológica, para lo cual cuentan con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación. En el ámbito administrativo, tienen la facultad de decidir su organización interna y su funcionamiento, de acuerdo con la ley. Finalmente, en el ámbito presupuestal, la autonomía reside en la prerrogativa que tienen las universidades de ordenar y ejecutar los recursos apropiados conforme a las prioridades que ellas mismas determinen, y en armonía con los cometidos constitucionales y legales de la respectiva entidad”, señala la Sentencia C-346 de 2021.

En la norma acusada, el demandante manifiesta que el Legislador apropió los recursos que la Nación destina al financiamiento de las universidades públicas dentro del rubro “calidad y fomento de la educación superior”, del presupuesto del MEN, vulnerando según dijo, los artículos 69, 151 y 349 de la Constitución, así como los artículos 4, 11 y 36 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto).

Por su parte, el Alto Tribunal consideró que el esquema de asignación presupuestal a las universidades desde el Ministerio es inconstitucional, porque implica la existencia de una bolsa común conformada por los recursos del MEN y las universidades públicas. “Las universidades oficiales son entes autónomos que no pertenecen a ninguna de las ramas del poder público y no pueden ser tratadas ni presupuestal ni administrativamente como entidades dependientes de otros órganos del Estado. La exclusión de las universidades públicas de la administración protege la autonomía universitaria en la medida en que preserva a las universidades públicas y oficiales de las injerencias e interferencias arbitrarias e indebidas del poder político. Explicó la Corte.

Lo anterior, no significa que las universidades estatales se eximan de cumplir con las reglas y procedimientos que el legislador, de acuerdo a su naturaleza diseñe para ellas, teniendo en cuenta que la autonomía universitaria, no se traduce en el aislamiento de las universidades públicas de las normas generales en materia presupuestal y fiscal.

Para la Corte, este cambio garantiza la autonomía universitaria y reafirma los principios de unidad presupuestal y de universalidad del presupuesto. “Los recursos que la Nación destina al financiamiento de las universidades públicas se verán reflejados con total claridad y transparencia en la Ley del Presupuesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones”, concluyó el alto Tribunal.

Por: Eduardo Bautista Oviedo

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