En el quinto día del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela decretado por el presidente Nicolás Maduro, las autoridades colombianas aumentaron el tono de las protestas: la Cancillería pidió que se diera un trato humanitario a los que son deportados, los comerciantes se quejan por las pérdidas económicas y dos autoridades anunciaron que viajarán a la zona para constatar la situación.
El cierre de fronteras fue decretado por el mandatario venezolano el pasado jueves, después de un ataque que dejó cuatro heridos, cometido por presuntos contrabandistas colombianos contra militares venezolanos.
La frontera terrestre en cuestión tiene 2.219 kilómetros de largo y es de las más extensas y pobladas del continente. La diferencia cambiaría en Venezuela hace que el contrabando se haya convertido en una fuente de ingresos redituable para los delincuentes, que se filtran por el paisaje y llevan toneladas de bienes.
Maduro acusa que, además de delincuentes, esa zona alberga a paramilitares que buscan generar inestabilidad en su territorio. Del lado colombiano alegan que sí hay maleantes pero que no hay pruebas de que haya milicias.
Luego del cierre «hasta nuevo aviso» de todos los pasos fronterizos con Colombia debido a que se considera que por ahí pasan contrabandistas y paramilitares, el presidente Maduro decretó el estado de excepción en la zona de Táchira por 60 días prorrogables, medida que entró en vigor el sábado.
Unos 2.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela están apostados en distintos puntos de la frontera. En este contexto, hasta el sábado habían detenido a ocho presuntos paramilitares colombianos y deportado a 185 personas. Pero ayer a primera hora se informó que los trasladados por la fuerza fueron 791 colombianos que estaban en el otro país sin el documento correspondiente.
A partir de aquí las versiones son diferentes. Desde Venezuela el gobernador de Táchira indicó que hubo traslados «sin ningún tipo de atropellos ni violencia». «Los estamos entregado como manda la ley, sin atropellos, sin humillaciones ni torturas; cuentan con agua potable, sillas y alimentos», agregó el funcionario.
Pero en Colombia el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, declaró al diario El Tiempo que en algunos casos realizaron deportaciones «ilegalmente, porque cuentan con sus papeles en regla» como venezolanos.
Ese mismo periódico recoge testimonios de personas que relatan que los militares entraron a sus casas y los llevaron sin revelar adónde, destruyeron cosas y marcaron viviendas para demoler.
Entre los expulsados de Venezuela hay 42 niños y adolescentes, mientras que otros 34 menores de edad debieron quedarse en el vecino país sin sus familiares, de acuerdo con las quejas expresadas por los deportados a la Defensoría del Pueblo, que anteayer recibió 22 declaraciones formales de colombianos que denunciaron malos tratos, atropellos y amenazas de la Guardia Venezolana.
Trato digno
Entonces la Cancillería colombiana pidió, en un comunicado, que «se respete la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones de las autoridades venezolanas, de conformidad a las normas internacionales vigentes».
«Exigimos que antes de aplicar las medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos», solicitó también.
También la Defensoría del Pueblo colombiana planteó formalmente sus reparos. «Más allá de las disposiciones administrativas y legales autónomas en cada nación, existen situaciones que vulneran los derechos fundamentales de los connacionales», subrayó el ente en un comunicado.
Su titular, Jorge Armando Otálora, viajó junto con la canciller María Ángela Holguín a la zona afectada para conocer la situación en el terreno.
Un equipo del organismo defensor colombiano ya se encuentra en la zona fronteriza para fortalecer las tareas humanitarias y analizar las quejas presentadas.
Este hecho «ha fracturado decenas de hogares y creado incertidumbre de los niños y adolescentes que permanecen en territorio venezolano y ha generado serios perjuicios para la manutención de las familias y para el comercio binacional», señaló asimismo la Defensoría.
La oposición venezolana teme que se cancelen las elecciones
En la interna de Venezuela, en tanto, el cierre de la frontera ha generado temor en la oposición, que advierte que el estado de excepción podría extenderse en el tiempo y afectar a la celebración de las elecciones legislativas del seis de diciembre.
En un comunicado la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pidió a la Organización de Estados Americanos, a los cancilleres de Unión de Naciones de Suramérica (Unasur), al secretario de Estado vaticano y a toda la comunidad internacional que “enciendan las alarmas” ante el “insólito por desproporcionado decreto de Estado de Excepción”.
“Puede ser la vía de escape usada por el oficialismo para evitar una derrota tan inminente como segura, lo cual colocaría al país y con él a la región entera ante un muy grave riesgo de inestabilidad y violencia, que es precisamente lo que la normal realización de las elecciones puede y debe evitar”, indicó la oposición política.
En ese comunicado, la MUD advierte que la situación de excepción podría dar pie a mayores violaciones a los derechos humanos y afectar a la economía, al tiempo que condiciona la vida cotidiana y familiar. Señala que la verdadera causa de la violencia es la crisis económica y social que se vive en Venezuela.
A su entender, la medida se tiene un “claro sesgo distraccionista, esgrimida por un gobierno que ha sido incapaz de dar respuesta real al drama socioeconómico y a la crisis de la inseguridad que agobia a todos los venezolanos, ya sean civiles, militares o funcionarios policiales”.
Medidas afectan al comercio
En la región donde se decretó el cierre de fronteras viven unos cinco millones de personas y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) indicó que la medida genera pérdidas para todo el sector industrial afincado allí. También el presidente de la junta directiva de la Cámara de Integración Económica venezolana colombiana, Víctor Montiel, aseguró que el cierre perjudica el comercio y pidió que sea “muy temporal”.
Por: Elobservador.com.uy / Fuente: Con agencias / Foto: George Castellano /AFP
