¿Cuál reforma por decreto?

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Por estos días, el sistema de salud está en el ojo del huracán; por un lado, un gobierno que pretende hacerlo más justo, equitativo y eficiente y por el otro una clase política que se ha lucrado y aprovechado de los recursos del sistema que se resisten al cambio.

Un verdadero sistema de salud debe propender por conseguir tres objetivos principales: 1. Detectar el enfermo potencial. 2. Mantener sano al sano y 3. Que el enfermo no empeore.

Es en si un concepto integral del que no se debe separar un sistema de salud eficiente y así lo consagró la Constitución de 1991 al introducir los términos de promoción, protección y recuperación de la salud al momento de definir el derecho a la salud.

La Constitución Nacional fue solo el inicio, posteriormente con la expedición de la Ley 100 en 1993 y las reformas introducidas a través de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, se amplió aún más el concepto de aseguramiento individual basado en promoción de la salud y prevención de la enfermedad complementado con las acciones colectivas del plan decenal de salud pública.

La misma Constitución Nacional le asignó al Estado las funciones de organizar y dirigir el sistema a través del Ministerio de Salud y Protección Social al igual que las funciones de inspección, vigilancia y control que son asumidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

El Congreso de la República con la aprobación de la Ley 1438 de 2011 fortalece las condiciones de un sistema preventivo al dedicar todo el contenido del titulo II de la misma a asuntos relacionados con SALUD PÚBLICA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD.

Gran parte, sino la totalidad del articulado propuesto por el Gobierno Nacional en su reforma al sistema de salud está orientada en este sentido, en hacerlo más asequible a toda la comunidad desde un contexto de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en un entorno en donde la salud pública se gestione desde un enfoque basado en condicionantes sociales y ambientales de la salud y un trabajo inter y transectorial que garantice el acceso universal al goce efectivo al derecho fundamental a la salud.

Hasta aquí todo parece perfecto, contamos en nuestro país con un sistema de salud perfectamente concebido en la Constitución y en la Ley, pero en la práctica y en la realidad percibimos que es un sistema ineficiente, inequitativo e injusto que pese a contar con un aseguramiento universal, es decir con el que contamos todos los colombianos, el acceso a los servicios de salud se reduce a cerca de la mitad de la población.

¿Por qué el titular del artículo?, porque no existe esa posibilidad, el sistema no requiere de una reforma para hacerlo efectivo, justo y equitativo, basta con desarrollar y reglamentar el articulado de las leyes ya existentes y que el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud asuman y fortalezcan el rol que les corresponde dentro del sistema que no es otro que la organización y dirección por parte del ministerio y la vigilancia y control por parte de la superintendencia; ahora gran parte del inconformismo de la clase política se relaciona con la permanencia o no de las EPS como aseguradoras y la respuesta es concreta, estas entidades no cumplieron con la responsabilidad que el aseguramiento en salud les exige y desviaron su atención en el negocio de la enfermedad  por tanto deben desaparecer y el Congreso de la Republica – del que hacen parte los 8 senadores que hundieron la reforma – cuando aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo – Colombia Potencia Mundial de la Vida – en forma tácita facultó al gobierno para que lo hiciera al autorizar el giro directo a los prestadores de salud borrando de un plumazo la intermediación en el sistema de salud – artículo 150, ley 2294 de 2023-.

P.D.: No se entiende cómo la procuraduría general de la nación investiga disciplinariamente al superintendente de salud por presunto conflicto de intereses derivado de los comentarios en redes sociales cuando aún no fungía como servidor público y la autoridad disciplinaria encargada de investigar a los senadores que hundieron la reforma no hace lo propio cuando el conflicto de intereses es más evidente para ellos si se tiene en cuenta que dineros de las EPS intervenidas financiaron sus campañas para llegar al Congreso.

¡Plop!

Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
Twitter -X: @faiver_segura

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