No se había firmado aún el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el gobierno de Uribe iniciaba el ajuste que requería el país, para entregar en bandeja de plata el mercado interno a las multinacionales, por ello expidió decretos como el 616 de 2006, que regulaba la producción y comercialización de un sector con gran margen para ampliar sus negocios: el lechero, la mayoría de la producción se realiza en pequeñas unidades con pocos animales, salvo los hatos concentrados en las cuencas de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, la distribución la realiza en un 40% el comercio informal de la venta en cantinas, que puerta a puerta y voceado por los jarreadores, lleva leche cruda a miles de hogares de los sectores populares en pueblos y ciudades.
Las restricciones incluidas en la norma, que parecía expedirse para un país con una producción moderna como Nueva Zelanda, exigía en los establos y sitios de ordeño, condiciones imposibles de cumplir por los pequeños ganaderos, so pena de multarlos o incluso cerrarles sus unidades productivas; al mismo tiempo apelando a falsos argumentos sanitarios, prohibía la distribución en cantina, presentándola como una grave amenaza para la salud pública, a pesar de instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, que viabiliza esta práctica recurrente en muchas naciones del tercer mundo.
Ante esta amenaza que afectaba a millones de consumidores y a miles de productores y comerciantes, nuevamente el senador Robledo orientó el justo reclamo con el apoyo de destacados dirigentes en las regiones: en Boyacá Horacio Eslava, en Antioquia Jorge Gómez, en el Huila la Asociación de jarreadores y procesadores, encabezados por José Chepe Suárez, Mónica Charry, Rubén Darío Torres y Eliazar Mejía, cumplieron una crucial labor acompañados por el concejal del municipio de Garzón Ricardo Buendía, al movilizar a miles de los afectados, en una cita frente al Ministerio de Agricultura, en donde Andrés Felipe Arias preso de su soberbia, finalmente se vio obligado a derogar el artículo que impedía la venta tradicional.
Este triunfo temporal de la cadena láctea informal permitió su supervivencia y la garantía a millones de hogares de la provisión de leche, pero la amenaza continúa por las importaciones de leche en polvo, que hoy facilitan los TLC firmados por el gobierno de Santos con los Estados Unidos y la Unión Europea.
Cambiar a los que promueven este modelo aseguraría la permanencia y la modernización de este sector vital en la seguridad alimentaria de los colombianos.
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Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com