Ambientes de revocatorias

Ambientes de revocatorias

En muchas localidades y departamentos, se empieza a generar un ambiente para revocarles el mandato a los alcaldes, que a juicio del constituyente primario, no han cumplido con las expectativas prometidas durante sus campañas para que fueran elegidos.

La revocatoria de los alcaldes está contemplada en la Ley 134 de 1994, que les permite solamente a los ciudadanos que concurrieron a las urnas en las pasadas elecciones para elegirlos, tener la opción de revocar después su mandato, cuando se verifique que han incumplido el respectivo programa de gobierno.

Estas acciones populares nunca han prosperado en los entes territoriales del país. Solo se podrán solicitar, una vez transcurridos por lo menos un año, desde la posesión de éstos.

Lo anterior se ha vuelto muy complejo porque se necesita por lo menos el 30% de los votos que obtuvo el funcionario electo el día de las justas electorales. Esta iniciativa está reglamentada por la Ley 1757 de 2015, que establece que se debe conformar un comité integrado por un mínimo de cuatro personas y un máximo de nueve.

Para tal efecto, se debe verificar por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las normas para viabilizar dichas revocatorias.

Durante el presente año, se han venido conformando algunos Comités Pro Revocatoria, quienes se han presentado en los despachos de los Registradores Especiales del Estado Civil, para solicitarles la inscripción que conduzca a iniciar el proceso de revocatoria de algunos mandatarios. Consideramos que es muy prematuro que empecemos esta actividad, que no se ajusta a la verdadera realidad social, económica y política de sus municipios.

Ellos han heredado de las anteriores administraciones, una cantidad de mega problemas que las pasadas administraciones fueron incapaces de solucionar en los últimos 50 años, pero se les quiere responsabilizar a los actuales, de la solución de éstos, en solo un año y medio de trabajo que llevan. Absurdo.

Para la mayoría de los burgomaestres que se encuentran en el ojo del huracán de sus conciudadanos, hay que reconocerles que apenas transcurrido el tercer mes de su mandato (marzo de 2020), se empezó a generar la peor tragedia sanitaria provocada por el Covid, que los ha obligado a desviar el foco de su accionar gubernamental para atender otros frentes que no están contemplados en sus Planes de Desarrollo que están ejecutando.

Además, el colapso de los ingresos tributarios y no tributarios, han sido afectados ostensiblemente por la disminución de la capacidad pago de los agentes económicos del país, que llevan soportando la más profunda crisis social y económica, como nunca la habían tenido.

Además, los recursos que perciben del gobierno nacional se han visto afectados también, por el abultado déficit fiscal que presentan las finanzas nacionales. Igualmente, el paro nacional ha lesionado la estructura económica en sus localidades, contribuyendo con ello a generar un incierto futuro fiscal, que junto con la pandemia del Covid, que aún no sabemos cuando termina, han provocado serios problemas en las ejecuciones de sus planes de inversión.

Claro está que, a la población, no les interesa que se estén presentando estos fenómenos sociales, económicos y políticos en sus entornos. Esta incertidumbre está siendo aprovechada por algunos sectores que perdieron las elecciones, para emprender el camino de las revocatorias, que han puesto en alerta a los alcaldes que están siendo amenazados para sacarlos a través de estos mecanismos electorales, de sus cargos.

En el Huila, hasta la fecha se han iniciado estos procesos revocatorios contra los alcaldes de Campoalegre, Gigante, Garzón, Timaná y Pitalito, entre otros. La democracia colombiana, además, no puede andar de emergencia en emergencia. Acudir a esta medida contra los alcaldes, dado el momento en que vivimos, es inoportuno y costoso.



Ir al contenido